El jueves 23 de enero 2025, se ha publicado la derogación del real decreto Óminibus, en El Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concretamente, en el fracaso decreto de enero de 2023 las medidas que han decaído son el incremento de las pensiones previsto 2024, las ayudas al transporte, la extensión del escudo antiopas, la prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios a personas vulnerables, así como las ayudas para quienes se vieron afectados por la DANA.

El término «ómnibus» hace alusión a la idea de un «vehículo». Las leyes tipo ómnibus en la historia de España se refieren a aquellas que, bajo un mismo marco legislativo, incorporan una serie de reformas o modificaciones de diversa índole, a menudo sin una relación directa entre sí.

Suelen tener un impacto significativo en los partidos políticos y sus estrategias, tanto en el proceso legislativo como en la dinámica de poder.
Las leyes ómnibus ofrecen una plataforma para la negociación entre partidos. Los partidos pueden usar su influencia para introducir medidas que favorezcan sus intereses o a sus bases electorales. Es una forma de «intercambio”.

Al incluir propuestas de diferentes sectores sociales y económicos en la misma ley, se intenta cubrir una gama más amplia de necesidades, lo que puede traducirse en una mayor aceptación entre diferentes segmentos de la población.

A menudo son criticadas por su falta de transparencia, ya que pueden contener medidas que no son suficientemente debatidas ni analizadas de manera individual. Y el hecho que se agrupen bajo una única norma, provoca que el sistema legislativo se vuelva más complejo.

EL PARA QUÉ

Dependiendo de su contenido específico, será unos u otros los intereses, convirtiéndose estos a la vez en la propia naturaleza de la ley y su misión. Pueden ser una forma de introducir cambios sin que sean tan fácilmente detectados o discutidos, lo cual ha generado desconfianza en ciertos sectores de la sociedad y ha impulsado un debate sobre la transparencia y la forma en que se elaboran y aprueban este tipo de normas.
A menudo incluyen reformas que pueden ser impopulares, aglutinándolas, se evita que la atención pública recaiga sobre las medidas controvertidas. Por ejemplo, algunas medidas que podrían generar más resistencia o controversia, como las relacionadas con la intervención en el mercado, (escudo antiopas), podrían pasar más desapercibidas gracias a la popularidad de otras medidas más visibles, como la ayuda a los afectados por la DANA.

Al ser una ley muy grande, limita el tiempo y el espacio para el debate parlamentario, dificultando el análisis detallado y provocando su aprobación sin examinar en profundidad cada medida. Lo cual puede ser aprovechado para implementar reformas que de otro modo podrían ser bloqueadas.

Es el caso de los cambios en materia de legislación fiscal, laboral, lo cual, los cales, sin un debate profundo, puede generar dificultades a largo plazo. Aunque la subida de las pensiones, las ayudas al transporte y otras medidas de protección social son populares y necesarias, también suponen un gran impacto en el gasto público. En un contexto en el que se debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, podrían generarse críticas sobre cómo se financiarán estas medidas a largo plazo y si existe un plan sostenible para hacer frente a los gastos crecientes del estado del bienestar.
Igualmente pasa en referencia a la subida de SMI. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha mandado un mensaje indicando «nadie va a tener una repercusión negativa, porque, en el caso de que así fuera, nos comprometemos a paliarla inmediatamente a través del carácter retroactivo del Real Decreto del salario mínimo interprofesional para el 2025». Otra de las dudas, acerca de cómo se financiará esta medida.

Las leyes ómnibus pueden ser utilizadas como un vehículo para introducir reformas que beneficien a ciertos grupos de poder, como grandes empresas, sectores financieros o lobbies, sin que esto sea fácilmente detectado. Pudiendo esconder acuerdos políticos que no son evidentes para la opinión pública. A menudo, un partido puede estar dispuesto a apoyar medidas que no le benefician directamente a cambio de que se incluyan otras que sí favorecen sus intereses. Desencadenando una percepción de falta de transparencia para los votantes.

Lo que es evidente, es que este tipo de leyes pueden ser el resultado de presiones para aprobar reformas de manera rápida, especialmente en contextos de crisis o urgencia política, donde normalmente pueden estar saltándose procesos de análisis y evaluación más profundos, dando lugar a reformas poco fundamentadas.

El caso de las ayudas a las personas afectadas por la DANA se presenta como un gesto urgente de apoyo a las víctimas de catástrofes naturales. Aunque esta medida es de carácter inmediato y tiene un gran respaldo social, la aprobación de este tipo de medidas permite al gobierno capitalizar políticamente “la urgencia” y evitar críticas a otras partes del decreto.

UN HISTÓRICO REPARTIDO ENTRE PSOE Y PP

Tanto PP como el PSOE han utilizado leyes ómnibus en momentos clave, especialmente cuando han tenido que hacer frente a crisis económicas o adaptarse a normativas europeas. El PP ha recurrido a ellas en contextos de ajuste y liberalización, mientras que el PSOE las ha utilizado para reformas de carácter estructural y de adaptación a normativas de la UE.

PSOE
Una de las leyes ómnibus más conocidas en España es la Ley 25/2009, aprobada con el fin de adaptar la legislación española a la Directiva de Servicios de la Unión Europea (Directiva Bolkestein) y en la que se modificaron más de 40 normativas de diferentes ámbitos, como el transporte, el comercio, las telecomunicaciones y otros sectores de servicios.

Aunque su objetivo principal era adaptar la legislación a las directrices de la Unión Europea, la ley incluía un proceso de liberalización del sector servicios. Esto se tradujo en la eliminación de barreras y restricciones para la apertura de nuevos negocios, lo que benefició a grandes empresas y multinacionales, pero generó críticas desde ciertos sectores locales y profesionales que veían peligrar su estabilidad.
La ley también incluía cambios que afectaban a la regulación de profesiones colegiadas, reduciendo la supervisión y los requisitos que los colegios profesionales podían imponer, lo que fue visto como una amenaza a la calidad de los servicios prestados por ciertos sectores, como los abogados, arquitectos o médicos.

La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, está considerada como otra ley Ómnibus.
Aunque el objetivo principal era la lucha contra el blanqueo de capitales, la ley incluyó cambios en la regulación financiera que facilitaban ciertos movimientos de capital. Se criticó que, bajo la excusa de reforzar las medidas contra el blanqueo de dinero, se permitieran operaciones más fluidas que podían beneficiar a ciertos grupos financieros sin que esto fuera el centro del debate público.

La Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011) durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenía como objetivo principal impulsar el crecimiento económico sostenible, pero incluyó numerosas disposiciones que afectaban sectores tan variados como la educación, la energía y el medio ambiente, las telecomunicaciones y el sector financiero.

Uno de los aspectos más polémicos de esta ley fue la inclusión de una disposición final que establecía un mecanismo para el cierre de páginas web que infrinjan derechos de propiedad intelectual, conocida como la Ley Sinde. Este punto generó un gran rechazo social, ya que la ley se centraba en la economía sostenible y, sin embargo, «escondía» una normativa que favorecía a la industria del entretenimiento y el copyright. La Ley Sinde fue percibida como una forma de censura en internet, y fue uno de los aspectos más criticados de toda la Ley de Economía Sostenible.
Además, se introdujeron reformas que afectaron al sector de las energías renovables, permitiendo recortes en las primas y subvenciones que, hasta ese momento, impulsaban el crecimiento de la energía verde en España. Esto fue criticado por organizaciones ecologistas, que consideraban que iba en contra de los principios de la economía sostenible.

Partido Popular
El Partido Popular, en sus periodos de gobierno, ha recurrido varias veces a leyes ómnibus, especialmente cuando ha tenido que implementar reformas estructurales, medidas de austeridad o liberalizaciones económicas. Los ejemplos más destacados se dieron durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), cuando España afrontaba una severa crisis económica y se tomaron medidas urgentes para reducir el déficit público y reactivar la economía.

La Ley de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios (Ley 12/2012) aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy, tenía como objetivo la liberalización del comercio minorista y otros servicios. Se presentaba como una medida para reactivar la economía tras la crisis financiera de 2008, eliminando trabas burocráticas para abrir pequeños negocios. Pero en la práctica, la ley fue vista como un favorecimiento a las grandes cadenas comerciales y a la expansión de grandes superficies, que aprovecharon la eliminación de ciertos requisitos y trámites administrativos. Esto generó críticas por parte de las asociaciones de pequeños comerciantes, que vieron en esta ley una amenaza a su capacidad de competir frente a las grandes empresas.

Real Decreto-ley 20/2012 de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, a través del cual el gobierno de Mariano Rajoy introdujo numerosas medidas de ajuste fiscal y recortes en sectores como la administración pública, la sanidad, la educación y las pensiones. Y aunque se presentó como una medida urgente para garantizar la estabilidad presupuestaria, incluyó recortes en derechos sociales que no se habían anunciado de manera clara, como la reducción de la prestación por desempleo, el aumento del IVA o la eliminación de la paga extra de los funcionarios. Muchas de estas medidas generaron una gran contestación social y fueron vistas como una «imposición».

Gobiernos de coalición (PSOE y Unidas Podemos)
En los gobiernos de coalición actuales entre el PSOE y Unidas Podemos (2020-2023), aunque no ha habido tantas leyes ómnibus como en las legislaturas anteriores, también se han utilizado mecanismos legislativos amplios para abordar múltiples cuestiones. Por ejemplo, han recurrido a reales decretos-leyes en situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19, que incluían diversas medidas en sectores tan dispares como la sanidad, la economía o la protección social.

VOX
En el caso de VOX, partidos relativamente nuevos en la política española han criticado en varias ocasiones el uso de leyes ómnibus por parte de los gobiernos en funciones, sobre todo cuando consideran que estas leyes son opacas o que incluyen disposiciones que no se debaten adecuadamente.