La política, en su sentido más noble, se basa en el disenso. El pluralismo, la negociación, la posibilidad de convivir con ideas distintas: esos son los pilares de un sistema democrático saludable. Pero cuando el poder se siente amenazado, y especialmente cuando enfrenta escándalos, crisis de legitimidad o un desgaste natural, la tentación de dividir a la sociedad entre “los nuestros” y “los otros” se vuelve irresistible. Esa división simplifica el escenario, enmascara los errores y convierte a cualquier crítica en una supuesta conspiración del enemigo.

El mecanismo es tan simple como efectivo. El líder —o el partido en el poder, en este caso SR. Sánchez o PSOE,— apela a una narrativa emocional, dicotómica y constante. Se construyen antagonismos morales: los buenos y los malos, el pueblo y la élite, emergiendo una identidad política cerrada, impermeable a los hechos, alimentada por redes sociales, medios afines y discursos incendiarios.

Esto genera un tipo de lealtad que no depende de la gestión ni de los resultados, sino del enfrentamiento. Quien cuestiona al líder no está planteando una crítica legítima: está atacando al grupo entero. Así, el debate se degrada. No se discuten propuestas, se discute quién es más “puro”, más “fiel”, más “del lado correcto de la historia”. Y en esa lógica, la corrupción, la incompetencia o incluso los abusos se justifican si el adversario

A largo plazo, la polarización como herramienta de blindaje debilita el tejido institucional. Los parlamentos se paralizan, el poder judicial se politiza, la prensa independiente es atacada, y la ciudadanía pierde confianza en los mecanismos tradicionales de representación. Se genera una ilusión de participación intensa, pero en realidad se trata de una ciudadanía movilizada por el miedo, la rabia o el rechazo, no por el compromiso deliberativo.

Y aquí radica el mayor peligro: cuando el enemigo político se convierte en enemigo moral, la violencia se vuelve legítima. Las redes sociales alimentan esta lógica de confrontación total, los acuerdos se vuelven imposibles, y los países terminan atrapados en ciclos de inestabilidad que ningún discurso incendiario puede resolver.

El blindaje que ofrece la polarización es tan atractivo como peligroso. Protege momentáneamente al poder, pero destruye los canales de control ciudadano. Genera adhesión, sí, pero una adhesión tóxica, que impide la autocrítica y penaliza la disidencia interna. Una democracia no puede sobrevivir si la mitad del país ve a la otra mitad como una amenaza existencial.

El «yo bueno, tú malo» como modus operandi del ejecutivo

Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno de España, ha sido una figura clave en la política española en los últimos años, y su liderazgo ha jugado un papel importante en la polarización política en el país. Llegó a la presidencia del Gobierno en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, aprovechando la situación de corrupción del Partido Popular (PP). Su victoria fue vista como una apuesta por un socialismo progresista y moderado, pero su enfoque fue rápidamente percibido como un ferviente polarizador.

Si bien la polarización política en España tiene causas estructurales más profundas, la figura de Sánchez, y sus decisiones políticas, han contribuido a agudizar las divisiones en el debate político. Enumero algunos de los más decisivos, y comienzo por uno de los momentos más polarizadores de su mandato ha sido la gestión de la crisis catalana. A lo largo de su tiempo como presidente, la concesión al nacionalismo ha proporcionado una imagen de debilidad ante los separatistas. La Ley de Amnistía, el atentado más grave a los españoles y a la democracia, fue traducida como como un acto de «corrupción política» y un «golpe de Estado» que legitima la violencia y el separatismo.

La oposición rechazó frontalmente la ley de amnistía y las cesiones considerándolas concesiones inconstitucionales y peligrosas para la unidad de España, acusando a Sánchez de intercambiar poder por privilegios, impulsaron recursos legales y apoyaron protestas masivas en la calle, reclamando su dimisión y elecciones anticipadas. Ante este escenario, y pese a lo inconstitucional del hecho, la oposición fue tachada de no conciliadora y no progresista frente a la «reconciliación y el cierre de heridas del conflicto catalán».

Los acuerdos con partidos como Podemos y los separatistas ERC, en el contexto de la tramitación de los presupuestos, y Junts per Catalunya para aprobar leyes clave y mantener su gobierno en minoría, fueron interpretados como una entrega a las demandas de los sectores más radicales y separatistas. Y se han entendido como voluntad a favor de acciones peligrosas para seguir en el poder, lo que generó una gran polarización en el ámbito político y social.

La pandemia de COVID-19 y la gestión de la crisis sanitaria también contribuyeron a la polarización bajo el mandato de Pedro Sánchez. Las decisiones del Gobierno respecto al confinamiento, la vacunación y la ayuda económica fueron ampliamente debatidas y, en muchos casos, criticadas. La derecha acusó a Sánchez de una gestión ineficaz y de no haber tomado decisiones rápidas o claras, mientras que el Gobierno defendió su enfoque como el mejor para proteger la salud pública. Pese a tachar a la derecha de sensacionalistas, se ha demostrado que el encierro de la población durante la pandemia fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España.

El pacto del PSOE con Bildu se convierte en un acto de ruptura inevitable, donde una amplia mayoría de ciudadanos, incluso votantes socialistas, rechaza la legitimidad del partido abertzale y la cesión de la alcaldía de Pamplona, considerada una traición. Además, ha provocado protestas masivas y duras críticas que acusan a Sánchez de anteponer su permanencia en el poder a la memoria histórica. El pacto fue respaldado por Sumar, maquillando el acuerdo como «una oportunidad para avanzar en derechos y libertades» Sin embargo, incluso dentro del PSOE, un 65,9% de sus votantes se mostraron en desacuerdo y miles de personas se manifestaron en Pamplona contra el pacto, con gritos de «traición por sillón» y pancartas que acusaban al PSOE de «mentirosos». Aun así, se tachó a la derecha de «impedir un paso hacia la justicia y la reconciliación».

La Ley del “Solo sí es sí” generó una fuerte polarización debido a sus efectos imprevistos. Más de 1.000 agresores sexuales vieron reducidas sus penas y decenas fueron excarcelados, lo que fue percibido por la oposición, los medios y parte de la ciudadanía como una chapuza legislativa. Se acusó al Gobierno de no prever las consecuencias jurídicas. Internamente, el PSOE, que había aprobado la ley junto a Podemos, impulsó una reforma para corregirla, pero Unidas Podemos, liderado por Irene Montero, se opuso firmemente, acusando al PSOE de ceder al “machismo judicial”. Ante la clarividencia de la nefasta gestión, la derecha criticó la ley como un símbolo de incompetencia y radicalismo del Gobierno, mientras que el gobierno los tachaba de impedir un «avance histórico».

La gestión de la DANA septiembre de 2023 y « Si necesita más recursos, que los pida.» provocó un duro golpe. Mientras que España entera se echaba a la calle para socorrer al pueblo valenciano, el gobierno actuó con ineficiencia y falta de preparación ante un fenómeno meteorológico que causó graves inundaciones y pérdidas humanas y materiales al no haber previsto la magnitud del desastre ni actuado con la rapidez necesaria. Se criticó la respuesta de los equipos de rescate y la coordinación entre las administraciones. A fecha de mayo de 2025, es notable la escasa implicación del Gobierno habiendo ejecutado solo el 14% de las ayudas comprometidas. Pese a todo ello, la derecha ha sido tachada de «oportunista» por reclamar la eficaz ejecución de las ayudas y por exigir responsabilidades.

La percepción de corrupción en torno a Pedro Sánchez y su familia ha generado otra crucial aportación. Desde abril de 2024, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. David Sánchez, hermano del presidente, está imputado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, El juzgado de Badajoz ha solicitado documentación sobre su contratación y funciones. Mientras la derecha acusa al presidente de utilizar su entorno familiar para eludir responsabilidades, el Gobierno y el PSOE defienden la honorabilidad de los implicados calificando las acusaciones de «persecución» por ser familiar del presidente.

El apagón del pasado 28 de abril no solo generó incertidumbre institucional, sino que intensificó la fractura política y mediática del país. Manifestaciones masivas, como las que exigen su dimisión tras el apagón del 10 de mayo, reflejan el malestar de sectores que consideran que el presidente no ha actuado con transparencia. Pese a la falta de explicaciones y la impunidad con la que nadie asume responsabilidades, el gobierno sigue conformando una postura de “resistencia frente al acoso” frente a la “huida frente a la corrupción” defendida por la oposición.

La polarización política en España ha encontrado en la figura de Pedro Sánchez un foco de confrontación que ha generado la intensificación del «odio entre las partes». Si bien esta polarización puede ser vista como una consecuencia inevitable de la dinámica política actual, no cabe duda de que Sánchez, debido a sus decisiones y alianzas, ha jugado un papel central en intensificarla.

Ahora toca recuperar el rumbo, rescatar el espacio público como lugar de encuentro, restituir el valor del disenso como parte de la convivencia política y apostar por liderazgos que convoquen, no que dividan, en pro de España y siempre desde la defensa de la democracia como piedra fundamental.

Keka Alcaide

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